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A pesar de que muchos países desarrollados creen en la
libre inmigración, España e Italia plantean nuevas estrategias para frenar e l
avance de los inmigrantes a sus países.
Unos ocho millones, según cálculos de la Comisión, son
los inmigrantes que la Unión Europea expulsará. El próximo miércoles, el Comité
de Representantes Permanentes prevé avalar el proyecto de la Directiva de
Retorno, que persigue armonizar las distintas políticas y dar más poder a los
Estados para repatriar a los sin papeles.
La medida obliga a los
detenidos a no volver a la UE hasta dentro de cinco años. Cada año Europa
alberga
entre medio millón y un millón de indocumentados. La detención estaría estimada
desde seis meses, ampliables a 18 en casos excepcionales.
Los presidentes de Francia, y España, están impulsando
con el apoyo de la UE medidas
expulsivas. Para este mismo miércoles varias ONG han convocado una
manifestación de rechazo en Bruselas, donde el clima político se ha tensado
tras el reciente suicidio del ciudadano camerunés Ebenizer Folefack, que se
encontraba retenido en la capital belga.
Los aspectos más polémicos de la Directiva de Retorno,
además de la limitación a seis meses (a los que se pueden añadir otros 12 en
casos excepcionales) del tiempo máximo de retención de los sin papeles,
son la posibilidad de detención de los menores no acompañados y la prohibición
a los expulsados de volver a entrar en la UE durante cinco años.
Berlusconi ha prometido "cerrar las fronteras y
construir campos para identificar a los ciudadanos extranjeros sin trabajo que
se ven obligados a entrar en la vida de la delincuencia". Sarkozy quiere
que la inmigración sea una de las prioridades de la próxima presidencia europea
francesa. El dirigente francés es contrario a las regularizaciones y ha tachado
de "hipócritas" a los empresarios que contratan a clandestinos y
dicen luego que los quieren regularizar.
Europa está absorbiendo actualmente dos millones de
inmigrantes cada año, más que ninguna otra parte del mundo -en proporción a su
población-, incluida América del Norte.
El proyecto de directiva acordado por representantes del
Consejo, Parlamento y la Comisión pretende establecer los criterios y
procedimientos comunes que deben ser aplicados por los Estados miembros para el
retorno. Los países podrán decidir no aplicar la directiva a los inmigrantes
que "hayan sido rechazados en la entrada del país o interceptados en las
fronteras".
El proyecto precisa que los Estados "sólo podrán
mantener detenidas" a las personas sometidas a procesos de retorno cuando
"exista riesgo de fuga" o traten de "eludir o entorpecer"
su repatriación.Cumplido el plazo, el detenido tiene que ser puesto en libertad
y puede continuar sus actividades, a pesar de no tener papeles, confiando en
una futura regulación.
Javier Moreno, eurodiputado socialista, advierte que la directiva
no afecta a rumanos y búlgaros, que no son países terceros. "Es una
contradicción", señala, "porque en la práctica pueden residir los que
son ricos y viven de renta pero no los trabajadores sin contrato".
El compromiso de acuerdo, impulsado por Francia, Italia y
España, fue alcanzado el pasado 23 de abril y ha sido celebrado como un logro
por la presidencia eslovena de la UE. Dragutin Mate, ministro de Interior de
Eslovenia, manifestó: "Ahora podemos esperar con optimismo que el texto de
compromiso sea aprobado por el Consejo; así el Parlamento europeo lo podrá
aprobar lo antes posible".
No en todo el Parlamento Europeo se piensa de igual
forma. Los socialistas y Los Verdes están muy divididos. España apoya la
directiva, porque la inmigración se ha convertido en un asunto cada vez más
serio y busca el respaldo de la UE. En cambio, los socialistas franceses están
en contra.
"18 meses es un periodo demasiado largo para
mantener a los inmigrantes detenidos en los centros de retención" asegura
la portavoz socialista en la Eurocámara, Martin Roure.
El compromiso de acuerdo, impulsado por Francia, Italia y
España, fue alcanzado el pasado 23 de abril y ha sido celebrado como un logro
por la presidencia eslovena de la UE. Dragutin Mate, ministro de Interior de
Eslovenia, manifestó: "Ahora podemos esperar con optimismo que el texto de
compromiso sea aprobado por el Consejo; así el Parlamento europeo lo podrá
aprobar lo antes posible".
Varios países han incrementado las reparticiones y España
no se ha quedado atrás al repatriar en el 2004 y el 2007 a 370.000 personas, un 43% más que durante el
Gobierno del Partido Popular. Canarias recibió más de 31.000 inmigrantes
Africanos que representan tan solo el 5% de la población inmigrante española.
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