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Los ex cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) encabezados
por el que fue su último jefe, Salvatore Mancuso, salieron ayer en la madrugada hacia EEUU, después de que el
presidente, Álvaro Uribe, aprobara su entrega y les acusara de incumplir las
promesas y de seguir delinquiendo desde la prisión.
Fuerzas opositoras a Uribe y personas cercanas a
las víctimas advirtieron de que la extradición puede impedir la verdad,
justicia y reparación de los múltiples crímenes de lesa humanidad de los
paramilitares.
Uribe dijo en una alocución por radio y televisión que su Gobierno debía
'mantener la facultad de apreciar si una persona beneficiada con la suspensión
de envío en extradición ha cumplido o incumplido con las condiciones exigidas'.
Junto a Macuso también fueron extraditados Rodrigo Tovar, Diego Fernando
Murillo, Ramiro Vanoy, Hernán Giraldo, Francisco Javier Zuluaga, Guillermo
Pérez Alzate, Manuel Enrique Torregrosa, Diego Alberto Ruiz, Juan Carlos
Sierra, Martín Peñaranda, Edwin Mauricio Gómez, Nodier Giraldo y Eduardo
Enrique Vengoechea.
Los extraditados, que afrontan varios cargos por narcotráfico en tribunales de
Washington, Florida, Nueva York y Texas, salieron en avión de Bogotá y llegaron
a Miami, desde donde fueron trasladados a los lugares donde responderán a la
justicia estadounidense.
Los ex paramilitares serán acusados de conspirar para producir y distribuir
cocaína; posesión, elaboración o distribución de cocaína; apoyo material a un
grupo terrorista y lavado de dinero, informó el Departamento de Justicia.
La decisión causó estupor en la oposición a Uribe, que afronta un grave momento
por el escándalo de la 'parapolítica', desatado por la detención de 33
congresistas oficialistas relacionados con las AUC, grupo que figura en la
lista de organizaciones consideradas terroristas por EEUU.
La coalición socialista opositora Polo Democrático Alternativo (PDA) y la
organización no gubernamental Iniciativa de las Mujeres por la Paz (IMP)
rechazaron la extradición de los paramilitares al considerar que es una 'burla'
a las víctimas.
El Polo declaró en un comunicado que la extradición de los jefes paramilitares
constituye 'una inaceptable entrega de la soberanía nacional'.
Por su parte, la IMP indicó que 'con la decisión del Gobierno del presidente
Uribe de extraditar de forma masiva a los jefes del paramilitarismo a EEUU, las
víctimas, colombianos y colombianas nos quedamos sin verdad, sin justicia y sin
reparación integral'.
El fiscal general de EEUU, Michael Mukasey, consideró que la extradición es
'otro paso significativo' del Gobierno colombiano para castigar a quienes
apoyan a organizaciones terroristas y distribuyen drogas.
Mukasey expresó que la decisión del presidente colombiano 'reconoce que estos
delitos representan una seria amenaza para ambos países'.
Por último, el embajador de EEUU en Colombia, William Brownfield, manifestó que
los dos Gobiernos coinciden en que 'el objetivo principal' contra los catorce
extraditados es 'máxima justicia, máxima sanción y máxima reparación'.
Los 14 ex jefes paramilitares colombianos extraditados
por Colombia a Estados Unidos llegaron al aeropuerto Opa-Locka en las afueras
de Miami.
Los paramilitares llegaron esposados, y tras bajar de pequeñas avionetas que
los trajeron desde Bogotá fueron escoltados cada uno por dos agentes de la DEA
hasta el interior del aeropuerto.
Según un comunicado del Departamento de Justicia, los acusados enfrentan cargos
que incluyen "conspiración para importar cocaína; conspiración para
producir y distribuir cocaína; posesión, producción o distribución de cocaína;
proveer apoyo material a una organización considerada terrorista; y lavado de
dinero".
Estados Unidos se comprometió a no buscar una condena a cadena perpetua para
los paramilitares extraditados, especificó el Departamento de Justicia.
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