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Colombia vio aplazada su intención de tener un
Tratado, por causa de una batalla política que no le pertenece. ¿Se podrá
recuperar?
 El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es la
opción más importante y viable que tiene Colombia en el contexto de la
integración internacional. La posibilidad de mantenerse como
una nación aislada no tiene ningún sentido. No va a ser un cambio fácil. El
tiempo apremia pues la posibilidad que se abre de llegar a un acuerdo con
Estados Unidos no se va a repetir fácilmente.
La decisión del presidente Bush sobre el TLC con Colombia se ajustó a la
ley de ‘Fast Track’ en la que el Congreso tiene 60 días en Cámara y 30 en
Senado para aprobar o desaprobar los acuerdo comerciales firmados por el mandatario
estadounidense.
Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara y hoy en día la mujer más poderosa de
Estados Unidos, anunció que intentaría aplazar indefinidamente la votación del
Tratado, aplicándole una nueva regla a la ya existente. Fue su respuesta a la
presión de la Casa Blanca.
La Casa Blanca citó de inmediato a una rueda de prensa en la que la secretaria
de Estado, Condoleezza Rice, expresó la gravedad del asunto. “Estamos en un
momento crítico con relación al Tratado con Colombia”, dijo.
El Secretario de Comercio se declaró desconcertado: “Están cambiando las reglas
del juego, es un error muy grande”.
Pelosi hizo lo prometido y al día siguiente, con una votación de 224 contra
195, mandó el TLC al congelador hasta que ella decida cuándo se vota. 10 demócratas
votaron a favor del Tratado y 6 en contra.
“Lo que pasó hoy no significa que no hay TLC, pero creo que aún hay serias
preocupaciones sobre la situación de los trabajadores en Colombia”, le dijo a
El País el demócrata Jim Mc Govern, uno de los más cercanos a la situación de
Colombia.
Con este gesto los demócratas le están diciendo al mundo que regresaron a la
mayoría en el Congreso de Estados Unidos para hacer diferencia. El Presidente
Bush está de salida y con la popularidad por el suelo y los demócratas dejaron
en claro que no le darán un triunfo de semejante calibre, menos en un año
electoral.
Colombia es criticada por ser un que mantiene la impunidad frente al
asesinato de líderes sindicales, el escándalo de la parapolítica y las
ejecuciones extrajudiciales (aquellas cometidas por miembros de la fuerza
pública contra civiles), entre otras.
Sin
embargo en Colombia ha habido una mejoría general de la situación de seguridad
y, por ende, de la protección de los derechos humanos. Y esta mejoría ha sido
particularmente notable en el caso de los sindicalistas. El presente gobierno
ha hecho esfuerzos que superan los de gobiernos anteriores, y esto se ha
reflejado en los muy positivos resultados alcanzados. Colombia está lejos de
ser hoy un paredón de sindicalistas, como sí lo fue, desgraciadamente, en años
anteriores, por causa de los grupos irregulares.
Esa notable mejoría ha sido consecuencia del impacto
combinado del desmonte de la inmensa mayoría de los grupos paramilitares, la
disminución de la violencia guerrillera a menos de la mitad de lo que era hace
cinco años, la casi desaparición de la guerra sucia entre esos grupos
irregulares, una mayor eficacia de la justicia y la ampliación de los programas
de protección de los sindicalistas amenazados.
Según el último informe sobre la situación de derechos
humanos en Colombia elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos,
el Gobierno recientemente nombró 13 fiscales y 78 investigadores especiales con
el fin de investigar y procesar casos de violencia contra sindicalistas. Esta
entidad, junto con los tres sindicatos más grandes del país, identificó los 187
casos más significativos de violencia contra sindicalistas. En un corto tiempo,
que no tiene antecedentes, 25 de esos casos fueron procesados y resultaron en
condena y encarcelamiento de los asesinos. Adicionalmente, el Gobierno ha
incluido en sus programas de protección a más de 1.900 sindicalistas.
Las cifras son inapelables. En Colombia, la tasa de
homicidio general es de 33 víctimas por cada 100.000 habitantes, la de los
policías es de 86 y la de los sindicalistas es de 4. Estadísticamente hablando,
esto quiere decir que en Colombia una persona común y corriente tiene 8 veces
más riesgo de ser víctima de la violencia que un sindicalista, y que para un
policía ese riego es 21 veces mayor que para un sindicalista. Así, no es verdad
que en Colombia ser sindicalista aumente el riesgo de ser víctima de la
violencia.
Sólo esperar. Si el Presidente Bush quiere ver aprobado el TLC antes de salir
de la Casa Blanca, deberá meterse la mano al bolsillo y otorgarle a los
demócratas varios de los pedidos que le están haciendo.
El presidente Álvaro Uribe aseguró que el Gobierno seguirá adelantando todos
los esfuerzos necesarios para lograr el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos,
tras señalar que "Colombia sí ha avanzado en la protección de
sindicalistas y en la lucha contra la violencia".
La
mejoría de la seguridad de los sindicalistas es tan evidente que los
congresistas demócratas que se oponen al TLC recurrentemente se muestran
dispuestos a dejar de lado el argumento de la desprotección de aquellos, si el
gobierno de Bush les otorga suficientes subsidios a las industrias
norteamericanas que se verían perjudicadas por la competencia de los productos
colombianos, con el fin de evitar despidos en esas industrias y así satisfacer
a los sindicatos gringos.
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